Cuando a Barbie le rompieron un cristal del auto durante un embotellamiento para arrancarle el celular de las manos, denunció el hecho frente al primer policía que encontró, a unas 10 calles del lugar. Los 2 responsables de la patrulla apostada bajo el puente Constituyentes – Circuito Interior, le dijeron “No seño, para que hagamos algo tiene que hacer la denuncia en el Ministerio Público, porque después usted se raja y nosotros qué?”.

Los ladrones estaban a 10 calles, probablemente rompiendo otro cristal y asaltando a otra mujer que regresaba del trabajo esa misma tarde de viernes. Estos policías que quizás no hayan terminado la escuela secundaria (así de exigente es la política de reclutamiento de algunas entidades), estaban más preocupados por no perder las mordidas / coimas que trae aparejadas el apostarse en un semáforo concurrido y ver qué autos tienen vencida su verificación, que por detener ladrones operando impunemente a unos 1500 metros de distancia.

Una vez pasado el primer mal trago, había que hacer la denuncia para poder tramitar la reposición del celular. Otra odisea. Después de pasar por 5 escritorios donde todo el mundo anotaba diferentes partes de la misma historia en un cuaderno diferente (no había una computadora en kilómetros a la redonda) y agregaba un sello a algún formulario, el mensaje fue “esto hasta acá no sirve de nada, tiene que regresar en 7 días a ratificar su denuncia” (ellos dijeron “rectificar” pero bueno, se entiende). Por suerte a las empresas de celulares las rectificaciones no les resultan indispensables.

Cuando el viernes pasado Barbie accidentalmente se encontró con 4 tipos en un teléfono público que vociferaban extorsionando a alguien al otro lado de la línea (e insultándola por mirar), lo primero que hizo fue llamarme para preguntar cómo se denunciaba algo así.

“Porque hay que hacer algo, no se puede quedar así”.

Sí se puede. Irónico, no?

Nadie muestra voluntad para que los crímenes se resuelvan. Nadie creería que ese sistema de captura de denuncias sirve para algo, salvo para alimentar ratas en los archivos. Nadie me hace creer que está haciendo un esfuerzo para tener una mejor policía, ni para evaluar a sus componentes como deberían, ni para ordenar una institución decadente e ignorante.

No soy yo el que tiene que recibir la carga a la hora de denunciar. No tienen por qué hacérmelo difícil, exigir múltiples visitas y demostrarme que no va a servir de nada. No es mi función hacer el trabajo del policía ni del burócrata administrativo. Si soy víctima, vengan a mí. Si soy testigo, créanme lo que digo.

Los policías en Latinoamérica son, en su mínimo común denominador, una lacra social. Claro que hay excepciones y que hay eximios profesionales haciendo su trabajo, porque si no estaríamos en la selva con arcos y flechas. Pero el policía raso, el animal de patrulla es lo peor que uno se puede encontrar, y es lo que con más frecuencia uno se encuentra.

Por los requisitos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los aspirantes a la escuela de policía son personas que no pueden ganar 330 dólares al mes en otra parte y entonces quieren hacer un curso básico de 6 meses donde se les dará de comer y se les enseñará a usar un arma. La promesa entre líneas es que una vez graduados, con un poco de suerte les va a tocar una esquina más o menos concurrida donde podrán obtener unos 200 pesos cada vez que pesquen a alguien en infracción.

Es esta la gente que me va a proteger del crimen “organizado”? No creo. No protegieron a mi mujer de 3 hijos de puta en un scooter.

Pero regresemos al tema de la carga, que es donde creo que Hollywood nos juega una mala pasada.

Seguridad es uno de los servicios que el Gobierno DEBE proveer a la ciudadanía. Legislación, Justicia, Salud, Seguridad son temas constitucionales porque no pueden ser sujetos a la decisión de una mayoría democrática o no. Son función y obligación del gobierno de turno, para eso se los contrata votando.

La seguridad ciudadana no es “trabajo de todos”, es trabajo de unos pocos. Es trabajo del Gobierno y las fuerzas de seguridad, quienes tienen el monopolio legal del uso de la fuerza y las armas.

Yo ciudadano, civil y desarmado, no puedo ENFRENTARME a un criminal. Primero porque si lo termino matando, me enfrentaría a un proceso penal y una experiencia de mierda, encerrado entre miles de criminales como el que acabo de matar. Si siquiera detenerme a pensar en las implicaciones morales judeocristianas y la carga psicológica que trae matar a alguien, aquél es suficiente “desmotivador” como para que si me piden la cartera, la entregue, en vez de andar buscando puntos débiles para partirle el cuello al ladrón.

Además, mi vida vale. Hacerme el malo y el responsable, denunciar a los que roban, a los que matan, a los que evaden impuestos sólo lograría que alguna vez, en algún lugar, un tipo me haga un daño. Para el ladronzuelo de celulares, dispararme es más barato que dormir una noche en una celda, o pagarle al policía la mordida para dejarlo ir. Para el criminal “organizado” (que supuestamente se enfrentará a un proceso policial y judicial superior, a través de abogados caros y bien vestidos), sólo le basta con mandar un chofer con una navaja de 5 cm para amargarme la existencia mientras él sigue el proceso judicial desde St. Barth’s.

Ninguno de los 2 precios están a mi alcance. No soy yo quien debe hacer la tarea, quien debe llevar la carga de la ineficiencia e ineficacia policial / judicial del país.

La marcha del sábado 30 de agosto fue un llamado al Gobierno para que renueve sus esfuerzos y dé señales claras de compromiso hacia la seguridad. No fue un “basta” a los criminales. Con ellos no hay diálogo posible.